En México, todo un arsenal de políticas públicas ha sido implementado
por el gobierno
federal en los últimos diez años. Con el fin de hacer que su acción sea
a largo plazo y
generar cambios estructurales, las autoridades se han dirigido a los
públicos jóvenes.
Con la adopción de medidas restrictivas, han tratado de actuar
directamente sobre su
acceso a alimentos considerados de riesgo, por ejemplo, prohibiendo la
venta o la
distribución a menores de edad de bebidas azucaradas gaseosas envasadas
y de alimentos
con ácidos grasos procesados o niveles excesivos de azúcar.
Otras medidas se han centrado en las actividades comerciales de
distribución y promoción
de la «comida basura», prohibiendo cualquier publicidad dirigida a
menores, o
instaurando un sistema de etiquetado nutricional y un impuesto sobre las
bebidas
azucaradas. Este último, que asciende a 1 peso por litro de bebida
azucarada, se
introdujo en 2014, con efectos significativos a largo plazo,
especialmente sobre la
diabetes. Se prevé su duplicación.
Además de estas medidas prohibitivas, México también ha promovido
acciones de
sensibilización relacionadas con la práctica deportiva. Se ha
establecido un programa
gubernamental en los centros escolares públicos para animar a los
jóvenes a participar
en actividades deportivas y promover hábitos alimentarios más
saludables.
Las acciones innovadoras combinadas que se han llevado a cabo en todo el
país ya han
inspirado a ciertos Estados vecinos, como Chile o Perú, que han adoptado
medidas
similares.
