Lanzada en noviembre de 2015 por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez
(Frente Amplio,
coalición de partidos de izquierda), la iniciativa «Diálogo Social:
Uruguay hacia el
futuro» tenía como objetivo estimular una reflexión común en tres
ámbitos: desarrollo e
inserción internacional, protección social y políticas transversales.
Durante dos años, los 632 organismos participantes dialogaron con el
Gobierno y
organizaciones internacionales. Junto con entidades de la sociedad
civil, la patronal,
los sindicatos y el mundo académico, estuvieron detrás de 210
propuestas. Tal
movilización no es algo raro en Uruguay, ya que el diálogo social en
este país forma
parte de una larga tradición de concertación en la elaboración de
políticas públicas.
Los medios sociales, médicos y académicos, así como las empresas
privadas están
especialmente apegados a estas prácticas participativas con el ánimo de
defender el
Estado de bienestar uruguayo. Una vez fijadas las grandes orientaciones,
el diálogo
social ha decaído un poco, debido a la llegada al poder en 2019 de un
presidente con
orientaciones políticas contrarias a la gobernanza participativa y a la
pandemia de
Covid-19 en 2020. Aun así, Uruguay sigue siendo el segundo país de
América Latina más
avanzado en la implementación de los ODS, detrás de Chile. El país ya ha
alcanzado las
metas correspondientes a los objetivos de lucha contra la pobreza (ODS
1), de educación
(ODS 4), de agua y saneamiento (ODS 6), de energías limpias (ODS 7) y de
ciudades
sostenibles (ODS 11).
