Los ecosistemas marinos desempeñan un papel fundamental en el equilibrio climático del planeta: verdaderas «bombas de carbono», absorben cada año entre el 25 y el 30 % de las emisiones de CO2 sobre la Tierra, lo que limita enormemente las emisiones a la atmósfera y la producción de calor.
La delimitación de las áreas marinas protegidas constituye una de las palancas más eficaces al servicio de los Estados en la lucha por la preservación de los océanos y de la rica biodiversidad que albergan. En 2010, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de Aichi contribuyó a llamar la atención internacional sobre este tema, fijando un objetivo de salvaguardia del 10 % para las zonas marinas y costeras para 2020, a escala del planeta.
En América Latina y el Caribe, este umbral se ha alcanzado en gran medida: entre 2010 y 2019, la superficie protegida pasó de menos de un millón a más de 5 millones de kilómetros cuadrados, con una cobertura total de alrededor del 24,44 %. Este margen de progreso también refleja los importantes esfuerzos realizados por los gobiernos nacionales. A veces respaldados por ONG internacionales o redes como el Fondo mundial para la naturaleza (WWF), Oceana o la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ciertos Estados han trabajado, a nivel jurídico, para la delimitación de nuevas áreas de protección en sus zonas marítimas, estableciendo mecanismos efectivos de control y de vigilancia de los nuevos espacios convertidos en santuarios.
73 500: la superficie cubierta por el régimen de protección de la Bahía de Pisagua
En este ámbito, Costa Rica, México, Brasil y Chile se han posicionado como los mejores alumnos, destacando este último con bastante claridad con el 41,53 % de sus zonas marinas y costeras protegidas, según datos de la ONG Protected Planet (2020).
En enero de 2023, el gobierno chileno ha aprobado la creación de una nueva zona de protección en la Bahía de Pisagua, en el norte del país. Esta decisión se produce tras la movilización de investigadores de la Universidad Arturo Prat y de expertos de la ONG Oceana. Según estos especialistas, la bahía desempeña un papel esencial en el ecosistema del Pacífico Sur porque es un lugar de alta concentración de microorganismos y de reproducción de especies (peces, aves y mamíferos). Los resultados de estas investigaciones también destacaron la gestión responsable de los recursos naturales locales por parte de los pescadores de Pisagua.
Con el fin de reconocer estos comportamientos virtuosos y de permitir que las comunidades locales continúen sus actividades, el gobierno chileno ha decidido incorporar las prácticas locales de pesca artesanal al régimen de protección de la bahía. El estatus de área marina costera protegida de múltiples usos ha permitido establecer una forma de santuario que toma en cuenta tanto la biodiversidad como las economías locales.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un mecanismo internacional que surgió en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992. En 2010, en una reunión celebrada en Aichi (Japón), su órgano rector,
la Conferencia de las Partes, adoptó un plan estratégico que contenía una serie de objetivos [los «Objetivos de Aichi»]. El indicador 14.5 sobre la protección de las áreas marinas al que se hace referencia aquí tiene que ver con el objetivo 11 adoptado por el Convenio.
Co-autores: Olivier Dabène
y Laurie Servières
Cartógrafa: Aurélie
Boissière
